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Indagatoria por corrupción judicial

Fiscalía solicitó acceder a e-mails y tráfico de llamadas de ministra de la Corte de Santiago Dobra Lusic

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Por Jorge Molina Sanhueza
 

El fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega Cortés, solicitó que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago lo autorice para obtener copias del tráfico de llamadas y correos electrónicos de la ministra de la Corte de Santiago Dobra Lusic.

Lea la solicitud del fiscal

La petición de Vega Cortés se enmarca dentro de una indagatoria que sustancia por delitos de corrupción judicial, luego que el tribunal de alzada -en marzo de 2020- sancionó al juez de garantía Daniel Urrutia por liberar a 13 presos de la revuelta, en el momento más álgido de la pandemia. 

Sin embargo, a mediados de 2021 un pleno conformado por ministros no inhabilitados, consideraron que la sanción no se apegó a la legalidad. Este hecho derivó en que el abogado Fernando Leal interpusiera una querella criminal en mayo de 2021. Si bien la acción legal no tiene carácter nominativo, sí se dirige en contra de “quienes resulten responsables” del delito de prevaricación.

Lea la querella

De acuerdo al escrito al que accedió Tu Día, el perseguidor interrogó al expresidente de la Corte, Hernán Crisóstomo, quien declaró que si bien el ampliado fue convocado por él,  Lusic lo llamó por teléfono para ello. Tanto Lusic -como al menos otros 15 magistrados- han invocado, desde el principio de la investigación,  su derecho a guardar silencio.

Paradojalmente y desde que ingresó el libelo al tribunal, ningún juez del Séptimo Juzgado de Garantía ha querido autorizar el avance de la investigación. La razón es que todos se han declarado “inhabilitados” porque conocen o mantienen algún tipo de relación con los ministros de la Corte indagados por el Ministerio Público. 

Lo propio han hecho magistrados de otras jurisdicciones. Dicho de otra forma, la causa se encuentra paralizada desde mayo del año pasado.

Lusic es patrocinada por la Defensoría, quien ha solicitado que la causa sea sobreseída, porque no se habría cometido delito alguno.

La presentación hecha por el fiscal regional de Coquimbo deberá ser analizada en una nueva audiencia la que -una vez más- podría quedar sin juez que resuelva la solicitud.

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