Avanza el proyecto de ley sobre acoso sexual en universidades
Durante este lunes 21, la Cámara de Diputados aprobó en general con 115 votos a favor y una abstención el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en ámbitos académicos.
De esta forma, ahora el proyecto de ley volverá a la Comisión de Mujeres tras ser objeto de indicaciones, luego de lo cual pasará al Senado para ser votado.
Qué dice la ley
La iniciativa pretende emplear sanciones, prohibiciones y medidas para prevenir el acoso sexual en las instituciones académicas del país, que inlcuyen:
- La suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones.
- La remoción del cargo.
- La cesación de funciones.
- La imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios.
- La pérdida de distinciones honoríficas.
- La suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante.
Por otra parte, el proyecto señala que comete acto sexual quien “valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y/o de investigación, solicite -o realice solicitudes- de favores de naturaleza sexual (...), o presente un comportamiento no consentido de connotación sexual con tal que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante”.
Además de las sanciones, la normativa indica que "Las instituciones deberán implementar mecanismos que contemplen apoyo integral a la víctima" (texto cambiado con indicaciones a la ley).
Asimismo, el proyecto también establece que “la normativa interna, en materia de acoso en el ámbito académico, deberá ser incorporada, expresamente, en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales; convenios académicos y de investigación, y cualquier otro instrumento celebrado con personas naturales o jurídicas, incluidos los convenios que se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación”.
Indicaciones
Por otra parte, entre las indicaciones que deben volver a la Comisión de mujeres, está un artículo que dispone que “las instituciones de educación superior mencionadas en el presente texto legal, tendrán un plazo máximo de un año, desde su publicación, para implementar los modelos de prevención y de sanción, los cuales deberán ser construidos participativamente”.