En Bienvenidos conocimos el caso de vecinos que, pese a la seguridad que esto significa, tendrán que sacar los portones instalados en sus pasajes.
Por la molestia de algunos vecinos o por dictámenes de la Contraloria General de la República los vecinos de diversos pasajes de la Región Metropolitana están expectantes frente al inminente retiro de los portones que instalaron en sus calles para frenar la delincuencia.
Hace algunos meses en Bienvenidos conocimos el caso de los vecinos de Calle Nicanor Plaza de la comuna de La Granja, quienes se manifestaron para defender los portones que instalaron y a los cuales se opuso una familia de la villa, lo que provocó que el caso llegara al Juzgado de Policía Local.
Hoy el conflicto continúa, peor aún, uno de los portones que instalaron los vecinos con recursos propios fue derribado en los últimos días por un camión recolector de basura.
Los vecinos alegan que en el sector existe poca vigilancia policial, por lo que decidieron la instalación de los portones a modo de protección de delitos que sufrían en el mismo pasaje. De hecho, los vecinos que conversaron con Bienvenidos aseguran que los hechos delictuales han bajado con la instalación de los portones.
La comunidad vecinal está consciente de que se trata de un pasaje con más de una entrada y salida, por lo que es ilegal instalar portones como los que pusieron. Sin embargo, respaldan su accionar manifestando que se sienten más protegidos.
En Bienvenidos también conocimos un caso en la comuna de Maipú donde la instalación de un portón no estaría cumpliendo con las normas establecidas en la ley para ser declarado legal. Sin embargo, los vecinos manifiestan que se vieron obligados a tomar esta decisión por temas de seguridad.
Los vecinos acusan que se organizaron durante meses para lograr concretar el proyecto de instalación de los portones, lo que ha significado el incremento de la seguridad para la comunidad. Sin embargo, no saben por cuánto tiempo más vivirán tranquilamente, ya que, el plazo de retiro de estos portones fue decretado por la Contraloría expiró el pasado 7 de octubre.
Ante esto, manifiestan estar intranquilos, ya que temen que en cualquier momento lleguen a retirar las rejas que tanta seguridad les ha brindado.