No pagar la pensión de alimentos es violencia machista
María Belén Ferreira Brisso, abogada especializada en derecho de familia y violencia hacia la mujer y fundadora del estudio jurídico Mater Juris.
Es una obligación que impone la ley y que incluye los gastos en educación, salud, ocio, vivienda, vestuario, transporte, gastos básicos, etc. Sin embargo, a pesar de ser un deber legal y moral, sólo un 16% de los padres está al día con el pago de la pensión de alimentos, según cifras proporcionadas por el Gobierno de Chile y reiterado por el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública del 2022.
Si bien la ley reconoce el no pago reiterado de pensiones de alimentos como violencia intrafamiliar, ésta sólo tiene una dimensión en relación con la violencia económica. Ciertamente que 9 de cada 10 de deudores de alimentos sean hombres (cifras del Poder Judicial), da cuenta que son las mujeres las que mayoritariamente se quedan al cuidado de los hijos e hijas, labor que no es reconocida como importante ni tampoco remunerada.
Esta manifestación de violencia económica hacia la mujer, donde una de sus dimensiones es el impago reiterado e injustificado de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio en favor de la mujer y/o de sus hijos, ha sido naturalizada por la sociedad, pues se acepta sin cuestionamientos que son las mujeres las que se encargan de la crianza.
Estas deudas afectan no solo a la niñez, también se constituye en un reforzamiento de las paternidades irresponsables y a su vez representa una violencia contra las mujeres quienes, además de verse en la necesidad de cubrir los gastos tangibles del cuidado de su descendencia, deben invertir tiempo de sus vidas en la tarea de la crianza, una tarea no remunerada, pero sin la cual sería imposible la continuidad de la especie humana.
De igual manera, la falta de pago de las pensiones y la ausencia de una paternidad compartida equitativamente entre hombres y mujeres impacta las posibilidades reales de que los y las hijas puedan acceder a la educación, pues esto recae en las mujeres, que en muchas ocasiones encuentran serias limitaciones por razones de clase, etnia, condición social, migratoria, entre otras.
La preocupante y desigual brecha laboral entre padres y madres
Las diferencias en materia laboral entre mujeres y hombres se han acrecentado después de la pandemia, lo que genera que miles de mujeres deban depender mayoritariamente de los ingresos de los padres de sus hijos e hijas.
Que muchos empleadores prefieran seguir contratando a hombres, que las preguntas en torno a la maternidad sean comunes en las entrevistas laborales, y en algunas ocasiones requisitos excluyentes. Evidencia que el sistema sigue perpetuando la dependencia económica de las mujeres y dándole espacio a la violencia.
Mientras que la división sexual del trabajo se traduce en que los hombres son los encargados de “producir” en tanto las mujeres de cuidar el hogar y a los hijos e hijas. Esta distribución de labores ha significado que quien provee tiene “el poder” y la mujer debe obedecer y se encuentra en un nivel superior.
Para una madre que recién dio a luz las posibilidades de ser contratada en una empresa se reducen, ya que Chile es un país que no fomenta ni apoya la maternidad sino que por el contrario, discrimina a quienes toman ese camino. Del mismo modo, para una mujer que se dedicó a la crianza durante 20 años y no tiene experiencia laboral no tiene posibilidades reales de insertarse al mundo laboral, ya que les ocurre algo similar.
Por último, es indudable el impacto que tiene tanto en los niños, niñas y madres el pago efectivo de las pensiones de alimentos, por lo que es de suma urgencia que el Estado maneje esta temática dentro de sus políticas de derechos de la mujer y la familia.
Esperamos que el 20 de mayo de 2023 con la entrada en vigencia de la ley de corresponsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, sea una luz de esperanza y este nuevo mecanismo de pago permanente para la o las deudas de pensiones de alimentos, sirva para que los padres irresponsables cumplan con sus obligaciones.
Las madres y sus hijos merecen justicia, ya que no hablamos sólo de un tema meramente económico, sino que de desigualdades que en vez de erradicarse, se han mantenido en el tiempo; como es dejar en manos de las mujeres el peso de la crianza y los cuidados, y además de conseguir el sustento económico que corresponde a dos personas.