El Estado fue condenado por profesora vetada por ser lesbiana: No pudo ejercer por 15 años

La profesora de religión Sandra Pavez, por 15 años fue discriminada y vetada para ejercer por la Iglesia Católica, hasta esta semana en que la CIDH condenó a Chile por su caso.

En 2007, Pavez fue vetada de su cátedra en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, de San Bernardo, donde la docente ejercía desde 1985, luego de que el Arzobispado se enterara de que era lesbiana y que mantenía una relación con otra mujer, además de negarse a ir a las terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para "revertir su orientación sexual". 

Tras una larga batalla legal, la afectada mantuvo la prohibición por 15 años sin encontrar una solución real a su problema, llegando a jubilarse sin poder hacer clases nuevamente. Sin embargo, esta semana se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por la situación. 

“Estoy muy contenta porque desde ahora, con esta sentencia, en ningún país de América los docentes, y en particular las profesoras y profesores de religión, ya no podrán ser discriminados por su orientación sexual o identidad de género”, celebró Pavez, en compañía de directivos del Movilh.

Junto a eso, agregó que “la libertad religiosa y el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos e hijas, ya no podrán usarse como excusa para discriminar a las personas LGBTIQA+. Esto es un momento histórico, no para mí, sino para todas las personas discriminadas”. 

Es más, fue enfática en decir que lamenta que "la discriminación que sufrí en manos de la Iglesia y de la Corte Suprema viniera acompañada de un silencio total de los sucesivos gobiernos que hubo en Chile, lo s que jamás solidarizaron con mi causa. Confío en que el actual gobierno dé un giro y cumpla a cabalidad la sentencia", cerró la docente. 

Este veredicto obliga al Estado a realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad; capacitar a quienes evalúan la idoneidad del personal docente; modificar el Decreto 924, que permite a las iglesias remover profesores de religión y que fue la norma acogida por los tribunales chilenos, además de una indemnización de 65 mil dólares.